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31.5.13

IRELAND POLICE CAR


POLICE DIECAST

Los coleccionistas de coches de policía en miniatura (escala 1:48), disponen de un nuevo modelo recién incorporado en España por la firma INSIGNIA ONLINE (www.insigniaonline.es).

En la imagen podemos ver algunas fotos de este nuevo producto.

Más imágenes de vehículos de emergencias a escala en este enlace: http://www.insigniaonline.es/vehiculosemergencias.html

30.5.13

HACIENDA Y SU POLICIA


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La policía administrativa más relevante del área fiscal y posiblemente la de mayor calado social del conjunto de todas en general, puede ser la que representan las inspecciones de la hacienda fiscal en las Administraciones públicas con competencias en tal sentido, encargadas del control de los tributos de los ciudadanos con su Administración. Nos hallamos así ante varios cuerpos de policía administrativa dentro del mismo área, dependientes cada uno de su propia Administración.

Dentro de la Administración central, a actual normativa que regula el funcionamiento de sus inspecciones la encontramos en el Real Decreto 939/86 de 25 de Abril, en el cual se aprueba el Reglamento General de la Inspección de los Tributos. Los siete primeros artículos del citado Reglamento hablan de su ámbito competencial, destacando de entre ellos al art. 6 en el cual queda clara la consideración de agentes de la autoridad de los inspectores y subinspectores de Hacienda, obligando a las policías de seguridad a prestarles su ayuda cuando se les requiera.

Hasta el año 1984 los inspectores se agrupaban en cuatro cuerpos, denominados Cuerpo Superior de Inspectores Financieros y Tributarios, Cuerpo de Interventores, Cuerpo de Inspectores de Aduanas y, por último, Cuerpo de Inspectores de Seguros. En ese año se funden todos en un único órgano denominado Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Estado. Esta organización se mantiene hasta 1998, cuando se vuelve a una situación parecida a la anterior con la creación tres del cuerpos distintos, entre ellos el Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda y sobre el cual recae la tarea de la inspección de los tributos.
Por su parte, los subinspectores se crean en 1978 con el denominado Cuerpo de Gestión de la Hacienda Pública. Inicialmente tenían funciones distintas a las de los inspectores, utilizándose el importe de las cuantías y los tipos de impuestos para separar los cometidos de unos y de otros. Sin embargo, a mediados de la década de 1980-1990, se modifica la organización de y se crean las llamadas Unidades, sobre las cuales se pasa a articular la actividad operativa de la inspección. Desde el principio cada Unidad se halla a cargo de un inspector, quien cuenta con varios subinspectores y otros funcionarios más, produciéndose así una situación, entonces nueva, de subordinación de los subinspectores a los inspectores.
En cuanto a las Administraciones públicas con competencia en la materia tenemos, en primer lugar, a la Administración central, quien la ejerce a través de la Agencia Tributaria. En segundo lugar se hallan la Comunidad de Navarra y la del País Vasco, en donde la competencia está cedida a las Diputaciones Provinciales, disponiendo cada una de ellas de sus propios órganos de inspección y cuya estructura es más o menos similar a la descrita para la del resto de España. No obstante, en éstas dos Comunidades existen inspecciones de la Agencia Tributaria para gestionar los tributos fiscales de empresas y particulares, que hayan de ser liquidados solo directamente ante ella.

Como referencia competencial de las Diputaciones, vamos a ver el marco legal sobre el que se asienta una de ellas, la Inspección de los Tributos de la Diputación Foral de Vizcaya. Este marco nace de la Constitución de 1978 en su Disposición Adicional Primera, continuando en el Estatuto de Autonomía del País Vasco de 1979 con todo el articulado de su Título III, destacando el art. 41.2b donde se alude expresamente a que la "inspección de todos los impuestos dentro de cada Territorio Histórico se efectuará por las respectivas Diputaciones Forales". Más tarde, con la aprobación en el Congreso de los Diputados de la Ley 12/81, de 13 de Mayo, del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, se regula la voluntad expresada en las dos normas anteriores y se otorga al Gobierno Vasco solo la función de armonización fiscal entre las tres Diputaciones Provinciales de la Comunidad Autónoma. Posteriormente, el Decreto Foral 64/87 de 9 de Junio aprueba el Reglamento de la Inspección Territorial de Vizcaya, desarrollando la norma foral tributaria especialmente en los art. 141 hasta el 147. Más adelante, en 1999, la Orden Foral 24/99 de 11 de Enero, define la delimitación de competencias en las actuaciones de la Inspección de los Tributos, diferenciando así las funciones de los inspectores y los subinspectores en ella. Finalmente, se aprueba el Decreto Foral 18/99 de 2 de Marzo, de Régimen Sancionador Tributario, donde se regulan aspectos como las sanciones, el órgano competente para llevarlas a cabo, el procedimiento, etc.


29.5.13

SOBRE LA POLICIA MILITAR


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El artículo de hoy trata sobre la Policía Militar española. La Policía Militar, es un cuerpo de policía que pertenece al ejército aunque no es un cuerpo único, ya que tanto el Ejército de Tierra, como el del Aire y la Armada tienen cada uno su propia Policía Militar, con fechas de creación y estructuras organizativas muy diferentes.

Al depender cada cuerpo del cuartel general de su propio ejército sus funciones tampoco son coincidentes. No obstante, sí se observan algunos cometidos que son bastante comunes en los tres, como son la vigilancia de edificios militares con acceso público, custodia de las prisiones militares, traslados de sus presos, protección de las viviendas militares, escoltas de convoyes y, de un modo genérico, otras que se centran en el mantenimiento de la seguridad interna en las instalaciones militares y velar por el cumplimiento de los códigos, reglamentos y demás normas de la Administración militar.

El Ejército de Tierra formó sus primeras Unidades de Policía Militar mediante una Instrucción General de Julio de 1965, por la cual quedaban constituidas las compañías de Madrid, Sevilla y Valencia. Sin embargo, es posible que con anterioridad a esa fecha ya existieran en otros lugares unidades constituidas antes.

Por su parte, la Armada viene contando desde hace años con un servicio llamado Policía Naval que incluye también al Cuerpo de Infantería de Marina, cuyas funciones se circunscriben principalmente a asuntos de disciplina y orden.

Finalmente, el Ejército del Aire dispone de una Policía Aérea, encontrándose su primer antecedente en las denominadas Legiones del Ejército del Aire, creadas por el Decreto de 9 de Noviembre de 1939 y a las cuales se encomendó guarnecer los campos, edificios y establecimientos propios del Ejército del Aire. Más adelante, la Orden del Estado Mayor del Ministerio del Aire de 27 de Febrero de 1951 dio a luz la Policía de Aviación, actualmente Policía Aérea, encargada de la vigilancia y seguridad física de instalaciones, control del tráfico rodado en ellas, control interno, protección de personalidades, contrainteligencia, escolta de convoyes, investigación, conducción y trato de prisioneros, conducción de refugiados, control de emergencias, así como otras funciones de índole claramente militar. En la actualidad la Policía Aérea está compuesta por unos 3.400 efectivos entre mandos y tropa profesional.

28.5.13

EL CUERPO DE VIGILANTES


INSIGNIAS DE VIGILANTES

Los Cuerpos de vigilantes  tienen su antecedente más remoto en los antiguos Serenos, que surgieron en algunas ciudades en la segunda mitad del siglo XVIII, como es el caso de Murcia en 1785 o de Madrid en 1797. Más tarde, en 1844, copiando el modelo implantado en Valencia diez años antes se oficializan para todo el conjunto de España. 

El origen del nombre viene dado por las voces nocturnas que daban para informar de la hora y el clima, el cual lo definían como sereno cuando era estable, y al ser este el estado atmosférico más frecuente acabó por bautizar a estos vigilantes.

los serenos tenían la consideración de agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones y entre ellas estaban las de impedir la comisión de delitos en su zona, así como otras destinadas a velar por la seguridad de las personas y sus propiedades. Iban uniformados y podían portar armas de fuego, sable o lanza. Estaban obligados a cooperar con los cuerpos de policía de seguridad, incluso en la represión de las alteraciones del orden público.
Fueron suprimidos en 1974 por el Real Decreto 1199/74 de 4 de Abril, pero tres años después de su disolución reaparecieron bajo el nombre de Vigilantes Nocturnos, denominación que todavía prevalece, al amparo del Real Decreto 2727/77 del 15 de Octubre de 1977 que obligaba su instauración en las ciudades con una población superior a los 100.000 habitantes, siendo optativa esta decisión para las de un censo menor a esa cifra. Todo ello se complementaba con la Ordenanza Municipal correspondiente para su ejecución.
Según el art. 3.2 del Real Decreto del año 1977, el Alcalde efectuará los nombramientos de cada vigilante nocturno y, previamente a ello, las asociaciones vecinales, comunidades de propietarios o asociaciones de comerciantes, habrán solicitado la implantación del servicio en su demarcación, estando obligadas dichas asociaciones a abonar a los vigilantes el salario pactado con ellos. Su consideración laboral es la de trabajadores autónomos y el Ayuntamiento se limita a autorizar la actividad y a controlarla a través de su policía local, cuyos funcionarios son los inspectores directos de los vigilantes.

Las funciones que tienen encomendadas vienen recogidas por lo establecido en el Real Decreto que los regula y en la Ordenanza Municipal para su desarrollo. En general, sus misiones consisten en la prevención de los delitos y las faltas en su zona, proporcionar ayuda y seguridad a las personas y al vecindario, proteger los bienes públicos y privados en su perímetro de vigilancia, colaborar en el mantenimiento del orden público y auxiliar a las fuerzas de la policía institucional. Para llevar a cabo todas éstas tareas, al igual que sucedía con los serenos, cuentan con la consideración agentes de la autoridad, visten uniforme reglamentario y pueden llevar arma corta y defensa.

En los últimos veinticinco años los cuerpos de Vigilantes Nocturnos han ido retirándose paulatinamente de nuestras calles. En algunos casos sus miembros pasaron a integrarse en las policías locales que ofrecieron tal posibilidad. En otros el cuerpo se extinguió sin más al jubilarse el último de sus componentes. Actualmente los cuerpos de Vigilantes Nocturnos se hallan al borde de la desaparición. De todas las capitales de provincia españolas únicamente seis contaban en el año 2000 con un servicio similar. Así tenemos que las ciudades de Gijón, Jaén y Cádiz, disponen de un cuerpo de vigilantes o auxiliares de policía, integrado por miembros procedentes de colectivos de desempleados o personas en paro de edad superior a los 40 años. A ellos hay que sumar los que existen en Sevilla, Oviedo y Coruña. De las siete ciudades que se han mencionado destacan Coruña y Gijón, cuyos cuerpos se crearon en 1991 y 2000 respectivamente.

Uno de los motivos que, entre otros, quizás ha contribuido en gran medida a la desaparición de muchos de estos cuerpos, es el potente desarrollo experimentado por las policías privadas durante el mismo periodo de tiempo que antes hemos señalado, y que han ocupado el espacio comercial de actuación donde operaban los vigilantes. En efecto, si tenemos presente que como se especifica en el decreto de 1977, el desencadenante de la creación de un cuerpo de Vigilantes Nocturnos es la solicitud de ello por parte de una asociación vecinal o de comerciantes, que juzga necesario reforzar su seguridad y que, además, va a asumir una parte importante de su coste mediante el pago del salario a cada vigilante, es lógico pensar que en el fondo estamos ante el establecimiento de una especie de policía privada que, como tal, deberá competir con otras. Si éste planteamiento es correcto, el resultado de esa competitividad es netamente claro en favor de las empresas de seguridad y en contra de los trabajadores autónomos de los cuerpos de Vigilantes Nocturnos.

Otra cosa importante a tener en cuenta sobre la identificación o no de los Vigilantes Nocturnos como una policía privada, es lo que pueda afectarles en su consideración como agentes de la autoridad, ya que las policías privadas no tienen tal atribución y si aquellos también lo fueran, estarían excluidos de tal consideración. Como no es menester polemizar aquí sobre la cuestión, por el momento solo nos plantearemos como objetivo inmediato demostrar que éstos últimos, todavía en activo, pueden ser clasificados como policías específicas.

Con ese propósito observamos que además de las funciones que tienen asignadas y que ya hemos explicado, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su art. 283, considera expresamente a los Serenos como policía judicial, y por analogía podemos decir que también a los Vigilantes Nocturnos, con lo que se añaden a esas funciones las de participar en el esclarecimiento de los delitos.

Al tener atribuidas todas éstas tareas, parece evidente que los cuerpos de Vigilantes Nocturnos cuentan con competencias parciales en la seguridad ciudadana, el orden público y la investigación criminal. Con lo cual satisfacen la primera de las dos condiciones necesarias para ser enmarcados como policías específicas.

La segunda condición también se da, ya que en el art. 4.5 del Real Decreto 2727 de 1977, queda clara la dependencia de estos cuerpos al tener la condición de auxiliares de las Fuerzas de Orden Público. Tal dependencia se acentúa en el caso de las policías locales, puesto que el art. 4.4 indica que los miembros de la policía municipal serán los inspectores de los Vigilantes Nocturnos, supervisando así todos sus trabajos.

27.5.13

EL CUERPO DE GUARDAS FORESTALES


PLACA GENÉRICA DE AGENTE FORESTAL

La ley de Montes de Junio del año 1957 dió luz verde a la creación de los primeros cuerpos de Guardas Forestales en España. Dependiendo de la Administración central del Estado, son distribuidos por todo el territorio rural del país. Hasta entonces la vigilancia recaía, además de en la Guardia Civil y antes en otras policías de seguridad, en los Guardas Municipales de Campo, así como en los Guardas Particulares de Campo, jurados y no jurados. Los Guardas Forestales, en el ejercicio de sus funciones, estaban considerados como agentes de la autoridad, condición que siguen manteniendo actualmente, portaban distintivos propios de su cargo y llevaban armas de fuego debidamente reglamentadas.

Esta situación se mantiene hasta mediados de la década de 1980-1990, cuando la Administración central cede paulatinamente a las Comunidades Autónomas, importantes parcelas de gestión en las competencias sobre agricultura y medio ambiente. A partir de ese momento hay que diferenciar dos clases de Guardas Forestales. Por un lado estarán los pertenecientes a la Administración central del Estado, integrados en la Dirección General de Conservación de la Naturaleza y Parques Nacionales (ICONA), los cuales se despliegan únicamente en las reservas de los parques nacionales. Por el otro lado están los guardas de las Comunidades Autónomas o los de las Diputaciones Provinciales, cuyo nombre varía en función de cada territorio, quienes actúan en los montes, ríos y demás zonas rurales sean parques naturales o no, pero no declaradas como parques nacionales.

Las funciones que, en líneas generales, realizan los distintos cuerpos de Guardas Forestales, tanto de unas Administraciones públicas como de otras, son las de la vigilancia para la protección de la naturaleza y el medio ambiente rural, evitando vertidos tóxicos en ríos, mares, montes y campos, incendios de bosques y cualquier otra infracción administrativa o penal recogida en las leyes. Igualmente colaboran en la investigación de las causas y el esclarecimiento de estos hechos, con las policías estatales, autonómicas y locales, especialmente con el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, único cuerpo español y europeo de entidad mas o menos integral que cuenta con una sección dedicada a labores de policía ecológica y medioambiental, que además fué el primero en el mundo en crear tal especialidad.

Dentro de la primera condición exigida para ser policías específicas, los Guardas Forestales no cuentan con funciones definidas que puedan encajar con corrección dentro del concepto de seguridad ciudadana. Ahora bien, sí tienen una cierta competencia parcial en la protección de las personas y sus bienes, que enlaza con nuestra idea de la seguridad ciudadana.

En efecto, aunque la seguridad que ofrecen estos cuerpos forestales se halla circunscrita casi en exclusividad a la salvaguarda del medio ambiente, afecta en parte a la protección de las personas y puede hacerlo también a sus bienes privados. La afirmación se constata, primeramente, porque los bienes que los cuerpos de Guardas Forestales protegen de cualquier agresión, delictiva o no, son bienes públicos al ser el medio ambiente y la naturaleza un patrimonio de todos los ciudadanos. Asimismo se constata porque la vigilancia para impedir tales hechos, va destinada también a evitar desgracias personales a la población rural y a sus fincas, casas y demás propiedades personales, así como las de los posibles visitantes y excursionistas ocasionales.

EMBLEMAS DE GUARDAS RURALES VASCOS
Por sí sola, ésta competencia parcial en la seguridad ciu-dadana basta para cumplir el primero de los requisitos de una policía específica. Pero es que los Guardas Forestales, como ya hemos dicho al hablar de sus funciones, colaboran en la investigación criminal. La legalidad que sostiene la colaboración se fundamenta en el art. 283 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, donde en su punto 6º dice que también constituirán la policía judicial "Los guardas de montes, campos y sembrados, jurados o confirmados por la Administración". A pesar de que dicho artículo no pone límite alguno a la clase de delitos que pueden investigar los guardas, en la práctica solo intervienen en los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, haciéndolo además en el marco restrictivo de lo que se denomina policía judicial a prevención o de primera fase, expresión ésta última utilizada por Josep Queralt y Elena Jiménez en su libro titulado Manual de Policía Judicial. Es decir, los guardas aprehenderán a los autores y asegurarán las pruebas y los instrumentos del delito, hasta la llegada del cuerpo policial que definitivamente se hará cargo del asunto.

La colaboración en el esclarecimiento de los delitos ecológicos ante los que se encuentren los guardas, se puede extender a las tomas de muestras de vertidos ilegales, su análisis posterior siempre y cuando ese cuerpo de Guardas Forestales tenga medios técnicos para su realización, y la elaboración de un informe que se adjuntará al atestado policial que instruya el cuerpo policial encargado de la investigación.

Por otra parte y tan sólo por hacer alguna mención al concepto de orden público, es claro que en él no inciden para nada estos cuerpos al carecer de competencias en la materia.
Dejando ya el primer requisito que estamos exigiendo a todos los cuerpos policiales estudiados, a fin de darles consideración de policía específica, comprobemos a continuación si el segundo también se satisface, para lo cual debemos encontrar una supeditación a una policía de espíritu integral.

La supeditación requerida resulta muy evidente para llevar a la práctica la función parcial de seguridad ciudadana, dado que no se concibe una eficaz intervención policial cuando aquella se vulnera y se quiere restaurar, sin que en todo ello participe con un destacado papel la Guardia Civil o, en su defecto, una policía autonómica e, incluso, una policía local. Esto viene a significar, que la dependencia a la que se ven sometidos los diversos cuerpos de Guardas Forestales para el cumplimiento de sus funciones, puede alcanzar hasta otra policía específica, principal o secundaria, de la cual también dependen. Idéntica cuestión sucede con la investigación criminal, pero en éste supuesto la supeditación es todavía mucho más acentuada.