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17.12.11

ENTRADAS Y REGISTROS POR INICIATIVA POLICIAL


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ENTRADAS Y REGISTROS POR INICIATIVA POLICIAL

Son llevadas a cabo por decisión de la policía y no requieren de ninguna previa y externa autorización, al hacerlo en lo que se llama de propia autoridad. Se derivan, principalmente, de la función investigadora en el esclarecimiento del delito, teniendo el cuerpo policial interviniente capacidad legal suficiente para realizarlas.

Su práctica es hecha sobre lugares cerrados que no constituyen domicilio y sobre un conjunto de situaciones en las que, siendo el lugar domicilio, la policía está legalmente capacitada decidir entrar y registrar.

1.-Requisitos en lugares no reputados domicilio: El hecho de que la entrada y registro en aquellos lugares cerrados que no sean domicilio no exija una autorización previa, no significa la ausencia total de requisitos para su proceder por parte de la policía.

En efecto, el actual ordenamiento jurídico y la conveniencia de asegurar la validez procesal de lo que finalmente se obtenga con la entrada y registro, establecen el siguiente grupo de exigencias:

-Antes de nada deberán ponderarse si se cumplen las condiciones de necesidad, idoneidad y proporcionalidad.

·Necesidad: Que no haya ningún otro medio menos lesivo de derechos para conseguir con igual eficacia el fin perseguido con la entrada y registro.

·Idoneidad: Que la entrada y registro sea la forma apropiada de obtener lo que se necesita.

·Proporcionalidad: Que el hecho investigado revista la suficiente gravedad como para adoptar la medida.

-Cuando la investigación está judicializada, es decir, el juez ya tiene conocimiento formal del acto criminal, bien porque en su momento le fue remitido el atestado policial o porque él mismo abrió diligencias y ordenó a la policía su esclarecimiento, la entrada y registro de un lugar por iniciativa policial requiere de autorización judicial en virtud del art. 546 de la LECrim.

Esta autorización, sin embargo, no necesita de una motivación como la de un domicilio y, en consecuencia, tampoco el cuerpo policial ha de realizar un escrito de solicitud para que el magistrado se la conceda. En la práctica es suficiente con un simple oficio judicial que el juez entregue a los investigadores, en el cual permita la entrada y registro sin más. Por el contrario, no es precisa autorización judicial alguna si la investigación no se halla judicializada, pudiendo la policía entrar y registrar el lugar de propia autoridad, aunque si se trata de un local privado, o público fuera de horas de apertura, en que para ello se tiene que forzar el acceso causando daños a la puerta, ventana, etc., se debe acudir a la autorización judicial.

 -A tenor de lo dispuesto en el art. 569 de la LECrim. el registro se hará a presencia del interesado o de la persona que le represente. Cuando el sujeto investigado o detenido es el mismo que el titular del lugar cerrado no hay ninguna controversia procesal sobre quién es el interesado. El problema se suscita cuando no coinciden y se plantea si lo es el titular del lugar, el sospechoso o los dos a la vez. La jurisprudencia parece decantarse por la primera de las tres opciones, como reconoce la sentencia del Tribunal  Constitucional 22/2003 de 10 de Febrero al decir que el interesado cuya presencia en el registro exige el art. 569 LECrim. es el titular del domicilio registrado, aunque no sea el imputado (o uno de los imputados) en las actividades presuntamente delictivas. Sin embargo, no se termina por dejar completamente clara esta cuestión, como lo refleja la STS 51/2009 de 27 de Enero afirmando que La jurisprudencia, aunque existan algunas resoluciones de sentido diferente, ha entendido en numerosas ocasiones que el interesado al que se refiere el artículo 569 de la LECrim es el titular del derecho a la intimidad afectado por la ejecución de la diligencia de entrada y registro. En cualquier caso, la dinámica policial es la de considerar interesado al titular del lugar y no al sujeto sobre el que recae la acusación, pero si surge alguna duda, lo mejor, como siempre, es ser garantista y realizar el registro en presencia de ambos. Por otra parte, si el interesado, sea quien fuere, no es hallado o se negara a estar presente, se buscarán dos testigos que le sustituyan.

-Con respecto a la presencia del abogado defensor, esta se devenga en necesidad cuando el interesado se encuentra detenido o formalmente imputado. En el resto de supuestos su participación no es indispensable, si bien no existe impedimento legal para que asista al registro si los investigadores no tienen inconveniente.

-También habrá dos testigos que presencien la actuación, no siendo los mismos que los dos tomados para sustituir al interesado cuando este no participe en el registro.

-Como es normal en toda clase de entrada y registro, de la actuación se levantará un acta en la que deberán reflejarse las personas intervinientes y todo lo que acontezca con ocasión de la medida procesal, incluido el estado en que fue dejado el lugar una vez se hubo terminado.

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