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21.10.11

VIDEOGRABACIONES EN LUGARES PUBLICOS


VIDEOGRABACIONES EN LUGARES PUBLICOS Y PRIVADOS

Esta herramienta la estudiaremos desde la óptica de lo que son sus tres causas generadoras:

-Por seguridad ciudadana.

-En previsión de incidentes delictivos.

-Con motivo de una investigación criminal.

Dejaremos fuera a las videograbaciones efectuadas por las cámaras de tráfico, las de ciudadanos particulares; un turista, un periodista o un aficionado a la fotografía por ejemplo; que en un momento dado filman un hecho constitutivo de delito o relacionado con él, dado que las primeras tienen por finalidad exclusiva la vigilancia de la circulación rodada de vehículos, y las segundas no están contempladas dentro de la normativa al ser filmaciones de índole más o menos personal. No obstante, tanto unas como otras pueden aportarse a la investigación como indicios probatorios de tipo gráfico y, durante el juicio, acabar convirtiéndose en pruebas.

Por otra parte, un aspecto de las videograbaciones en lugares públicos y privados que llama la atención, y que enseguida tendremos la oportunidad de comprobar, es la diversificación de la normativa por la cual se sustentan, no hallándose recogido su funcionamiento en una sola norma jurídica sino en varias.


1.-Por seguridad ciudadana

 Pertenecen principalmente al ámbito de la prevención y casi siempre se hacen a través de cámaras fijas instaladas en organismos públicos, entidades bancarias, centros comerciales, gasolineras, etc. Hay también imágenes captadas por cámaras fijas bajo control de un cuerpo policial, que las instala en zonas conflictivas de la vía pública por inseguridad ciudadana.


La normativa que regula esta clase de videograbaciones es bastante variada, no existiendo una única norma jurídica que centralice todo. Cuando las cámaras pertenecen a empresas privadas su reglamentación se aloja en diversos artículos de la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y la Ley 23/1992, de 30 de Julio, de Seguridad Privada y el reglamento de esta última recogido en el Real Decreto 2364/1994, de 9 de Diciembre, además de otras normas sueltas como el art. 61 del Real Decreto 769/1993 del Reglamento para la Prevención de la Violencia en Espectáculos Deportivos. Existe la obligación de facilitar a la policía las imágenes que esta solicite, como así lo refleja el art. 120 a) del referido RD 2364/1994 en lo concerniente a las cámaras instaladas en entidades bancarias y que por analogía se hace extensivo a las ubicadas en cualquier otro establecimiento.

Si las cámaras son colocadas y gestionadas por un cuerpo de policía, que las sitúa en las calles para mejorar la seguridad ciudadana, la regla por la cual se rigen es la Ley 4/1997, de 4 de Agosto, popularmente llamada de videovigilancia, reguladora de la utilización de videocámaras por las fuerzas policiales en lugares públicos, y su desarrollo en el Real Decreto 596/1999. Sin embargo, el art. 2.1 de ese Real Decreto exceptúa de tal normativa las cámaras puestas por la policía para la protección interior y exterior de sus inmuebles u otros que, aún no siendo los edificios y videocámaras de su propiedad, tengan asignada su custodia.



Quizá la diferencia más notable entre las videograbaciones de cámaras privadas y las de la policía es que las primeras sólo pueden obtener imágenes del edificio o de las instalaciones que vigilan, no estando permitido que graben espacios de la vía pública salvo las partes imprescindibles para salvaguardar dichas instalaciones, como podría ser el umbral de la puerta exterior de acceso que se ve al enfocar esta, o el espacio de la calle o de la acera que se observa desde una cámara perimetral que vigila la fachada del edificio. Por su parte, las cámaras fijas de seguridad ciudadana puestas por la policía son las únicas legalmente autorizadas para videograbar imágenes de la vía pública.

Las diligencias que este tipo de cámaras generan en el atestado vienen a ser las propias de lo que son unas pruebas gráficas, es decir, diligencia de recogida de imágenes, diligencia de visualización de imágenes, etc. Aparte  de estas diligencias suelen incluirse en el atestado como documentos adjuntos los escritos de petición de imágenes al establecimiento poseedor de las cámaras, y en caso de que técnicamente no puedan suministrarlas se abre una diligencia explicando los motivos de ello.


2.-En previsión de incidentes delictivos

Se trata de filmaciones hechas por la policía mediante cámaras móviles, puestas para captar imágenes de lugares en la vía pública donde hay sospechas de que se va a cometer un delito. Un ejemplo típico es el de disponer tales cámaras con ocasión de una manifestación o un evento de cualquier clase, autorizado o no, al tener sospechas fundadas de que en él van a producirse disturbios de orden público.


Conviene aclarar que por cámara móvil se entiende no sólo a la que durante la grabación se va desplazando de sitio, como pudiera ser la que porta un agente caminando mientras dura el evento vigilado, si no también la que se pone en un punto fijo de observación con motivo del mismo evento y que de ahí no se mueve hasta la finalización de este.

La norma que regula la instalación y uso de estas cámaras y sus grabaciones es la ya citada Ley 4/1997 y su reglamento en el RD 596/1999. En síntesis, con respecto al establecimiento y utilización de las cámaras móviles lo más interesante que dice la mencionada ley es lo siguiente:

-El art. 6.4 exige la existencia de un peligro concreto para pode instalar y hacer uso de las cámaras móviles.

-Según reza el art. 5.2, su colocación necesita de una autorización previa emitida por el máximo responsable provincial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a la sazón el Subdelegado del Gobierno de la provincia en cuestión, salvo en las Comunidades Autónomas con competencia policial propia, es decir, las que cuenten con una Policía Autónoma desplegada territorialmente, en cuyo caso será la autoridad competente de esta quien otorgará dicha autorización.

-En los lugares donde ya existan cámaras fijas, cita el art. 5.1, podrán instalarse simultáneamente otras de carácter móvil con idéntica finalidad, no siendo necesaria en este caso la autorización del responsable provincial indicado en el epígrafe anterior.

-En supuestos excepcionales de urgencia máxima o de imposibilidad de obtener a tiempo la autorización, es factible la colocación directa de las cámaras móviles, debiendo dar cuenta de lo hecho al responsable provincial en el plazo de 72 horas.

-Dice el art. 7.1 que las grabaciones originales en las que aparezcan imágenes de hechos constitutivos de delito serán puestas, en su integridad, a la mayor brevedad a disposición judicial, y nunca en un tiempo superior a las 72 horas desde su obtención.

-El art. 8.1 afirma que las grabaciones serán destruidas en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo que estén relacionadas con infracciones penales o administrativas graves o muy graves en materia de seguridad pública, con una investigación policial en curso o con un procedimiento judicial o administrativo abierto.

En cuanto a las diligencias y documentos a incorporar al atestado debido a este tipo de filmaciones cabe mencionar a cinco:

-Diligencia de consideraciones: Sirve para explicar las razones que han llevado a montar un operativo de videograbación con cámaras móviles, haciendo especial hincapié al peligro concreto referenciado en el art. 6.4 de la Ley 4/1997.

-Comparecencia de los agentes que efectuaron la videograbación: Puede sustituirse por una diligencia expresa de videograbación, en la cual se especifiquen los números profesionales de los agentes que la llevaron a cabo.

En cualquier caso, ya sea una comparecencia o una diligencia, se narrará la filmación realizada y las características técnicas de los equipos utilizados.

-Diligencia de remisión de las imágenes: No es más que una diligencia en la cual se deja constancia de la entrega que se hace de la grabación íntegra, es decir, en su totalidad, y en el formato original.

-Reportaje fotográfico de las imágenes extractadas: A veces, cuando lo grabado es muy extenso, puede venir bien pasar a papel las imágenes de los momentos más interesantes de todo lo filmado y presentarlas como un reportaje fotográfico al uso.

-Escrito de solicitud de videograbación: El escrito en el cual se pidió al responsable provincial la autorización para instalar cámaras móviles se incluirá en el atestado como documento adjunto.

3.-Con motivo de una investigación criminal

 El RD 596/1999 determina en su art. 2.3 que cuando las videograbaciones se efectúan en el desempeño de las funciones de policía judicial, se regirán exclusivamente por la Ley de Enjuiciamiento Criminal y no por la Ley 4/1997. Ahora bien, el problema que se suscita es que la LECrim. no regula el tema de las videograbaciones, por lo cual ha tenido que ser la jurisprudencia quien se encargue de ello.

A modo de resumen, los criterios normativos emanados de las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que asientan dicha jurisprudencia son los siguientes:
-La policía cuenta con capacidad legal para realizar las filmaciones que estime pertinentes sin necesidad de autorización judicial si se dan estas tres condiciones:

·Que exista una investigación criminal en curso.

·Que haya sospechas fundadas de la comisión de un delito.

·Que la filmación se haga en espacios públicos o locales de libre acceso.

-Es preceptivo el mandamiento judicial para grabar imágenes en domicilios y lugares afectos a la intimidad de las personas, como pudieran ser unos lavabos públicos o pertenecientes a un bar. Hay jurisprudencia contradictoria con respecto a la parte de dichos lavabos no reservada a las necesidades fisiológicas, por lo que en este caso lo más prudente es solicitar la autorización judicial.

-El investigador o investigadores que ejecutaron la filmación tendrán que comparecer en el atestado, especificando las escenas que filmaron.

-La marca, modelo y características técnicas de las cámaras empleadas en la grabación habrán de ser especificadas en el atestado.

-En el supuesto de haber captado imágenes de actos susceptibles de delito o que puedan utilizarse como elementos probatorios, su puesta a disposición del juez en un breve plazo de tiempo refuerza las garantías procesales de autenticidad en detrimento de cualquier sospecha de manipulación.

-Al juzgado deberá ser remitido el soporte original de las videograbaciones, no admitiéndose copias. Igualmente, se entregará la grabación en su totalidad y no sólo las partes consideradas policialmente de interés.

En los supuestos donde no sea preceptiva la autorización previa del juez, las diligencias relacionadas con esta clase de videograbación que el atestado lleva consigo son las mismas que para la filmación en previsión de incidentes, con la única excepción del escrito de solicitud de videograbación al responsable provincial, pues al obedecer esta a una investigación criminal no hace falta su permiso.

Cuando sí se requiera mandamiento judicial, a las diligencias señaladas se sumará es escrito de solicitud motivada al juez y el propio mandamiento concediendo la videograbación, introduciéndolos en el atestado como documentos adjuntos.

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