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24.10.11

PROTECCION DE VICTIMAS, TESTIGOS Y PERITOS


PROTECCION DE VICTIMAS, TESTIGOS Y PERITOS


Hasta el final del año 1994 no existía ninguna herramienta procesal en el ordenamiento jurídico destinada a dar seguridad a las personas cuya integridad física se ponía en peligro por participar en un proceso penal. Prácticamente, todo quedaba en manos de la policía y tan sólo de vez en cuando algún juez instructor, por iniciativa propia, tomaba alguna decisión, por lo general de limitado alcance, al respecto La primera medida procesal creada en tal sentido fue la Ley 19/1994, de 23 de Diciembre, de Protección a Testigos y Peritos en Causas Criminales, norma jurídica con la que se podía llegar a satisfacer un alto grado de seguridad en esas personas. Cinco años más tarde aparece la Ley 14/1999, de fecha 9 de Junio, de Modificación del Código Penal de 1995, en Materia de Protección a las Víctimas de malos Tratos, y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dirigida a combatir la criminalidad en el ámbito familiar que ya empezaba a preocupar por entonces, pero que traía consigo la instauración de la orden de alejamiento y que era aplicable no sólo a este tipo de delincuencia. Transcurridos cuatro años más ve la luz otra interesante disposición legal, la Ley 27/2003, de 31 de Julio, Reguladora de la Orden de Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica, norma encuadrada en la lucha contra la persistente violencia doméstica y de género, que sirvió para crear una nueva herramienta con la que seguir combatiéndola llamada orden de protección, la cual ha venido perfilándose con leyes posteriores hasta su configuración actual. Es en el marco de toda esta legislación donde procesalmente se desenvuelve hoy en día la protección de víctimas, testigos y peritos.

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Hay otra norma legal de apoyo a las víctimas, denominada Ley 35/1995, de fecha 11 de Diciembre, de Ayuda y Asistencia a Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual, pero va encaminada a la percepción de ayudas, especialmente las económicas, y no a proporcionar una seguridad física, por lo que no merece la pena que la veamos. A pesar de esto resulta conveniente decir una cosa que sí afecta a los cuerpos policiales, y es que en su art. 15.2 se refleja el derecho de la víctima a ser informada por la policía sobre el curso de sus investigaciones, salvo que con ello se ponga en peligro su resultado.

Por otro lado, la protección de víctimas, testigos y peritos tiene una clara proyección operativa, además de la procesal, incardinada en las escoltas policiales a personas bajo amenaza o en situación de riesgo. Las técnicas operativas de protección ya fueron expuestas a lo largo del capítulo 12, por lo que ahora nos ocuparemos en exclusiva de la vertiente procesal, no sin antes decir que en ese capítulo ya se enunciaron en forma de anticipo las medidas que veremos en el próximo artículo que publicaremos en el blog.

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