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30.10.11

LEY PROTECCION VICTIMAS VIOLENCIA DOMESTICA

INSIGNIA DE ABOGADO
Ley 27/2003, Reguladora de la Orden de Protección a Víctimas de Violencia Doméstica: Se trata de otra ley modificadora, circunscrita ahora sólo a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, diseñada a fin de forjar con ella una nueva herramienta procesal bajo el nombre de orden de protección y con la que incluso se llega a invadir provisionalmente la esfera de la jurisdicción civil. Leyes modificativas ulteriores han retocado o añadido algunos aspectos nuevos hasta ajustar la herramienta al estado en el
que actualmente se encuentra. Todo el articulado de la Ley 27/2003 y el de los ajustes de las subsiguientes se halla introducido en la LECrim. y, en consecuencia, para un
mejor entendimiento vamos a utilizar como referencia los artículos de esta y no los de ninguna ley modificadora.
Básicamente, la Ley 27/2003 pivota integramente sobre la incorporación en la LECrim. del art. 544 ter, pilar de la creación de la orden de protección. Sobre él destaca
lo siguiente:
-Corresponde únicamente al juez instructor autorizar la medida procesal, estableciéndose que El Juez de Instrucción dictará orden de protección para las víctimas de violencia doméstica en los casos en que, existiendo indicios fundados de la comisión de un delito o falta contra la vida, integridad física o moral, libertad sexual, libertad o seguridad de alguna de las personas
mencionadas en el artículo 173.2 del Código Penal, resulte una situación objetiva de riesgo para la víctima que requiera la adopción de alguna de las medidas de protección reguladas en este artículo. Las personas referidas en el art. 173.2 del CP son, en relación al autor del delito: su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados.

-El juez puede acordar la medida de oficio o a petición de la propia víctima, de un familiar de los señalados en el art. 173.2 del CP o del fiscal.

-Con el propósito de facilitar la solicitud de una orden de protección, el 544 ter.3 permite hacer la petición indistintamente ante el juez, el fiscal, la policía, la oficina de atención a la víctima y los servicios sociales de
cualquier institución pública de la Administración.

-Recibida la solicitud y en un plazo máximo de 72 horas, el juez celebrará una audiencia a la que asistirán, entre otros y por separado, la víctima y el agresor. Finalizada aquella resolverá su decisión mediante auto.

-El juez podrá adoptar, además de las medidas cautelares de orden procesal penal, otras de carácter civil. En el caso de estas últimas, deberán ser pedidas por la víctima, su representante legal o el fiscal, y tendrán una duración máxima de treinta días. Entre las medidas civiles posibles de aplicar se halla
el uso y disfrute de la vivienda familiar, el régimen de visitas de hijos menores y el régimen de prestación de alimentos.

-La víctima con una orden de protección a su favor tendrá que ser informada permanentemente de la situación procesal del agresor, en especial de su situación penitenciaria.

-Todas las órdenes de protección serán inscritas en un Registro Central para Protección de Víctimas de Violencia Doméstica y de Género.

A raíz de ser publicada la Ley 27/2003 se han ido poniendo en marcha por diversas entidades públicas múltiples protocolos de actuación, con los que coordinar las acciones de los diferentes organismos sanitarios, judiciales, policiales, de asistencia social, etc., que intervienen en la orden de protección.

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