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29.10.11

LEY PROTECCION VICTIMAS MALOS TRATOS

La Ley 14/1999, de fecha 9 de Junio, de Modificación del Código Penal de 1995, en Materia de Protección a las Víctimas de Malos Tratos, y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como su nombre indica, es una ley modificadora del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que, cuando se aprobó, tenía por
finalidad última buscar una mayor eficacia en la lucha contra lo que hoy se llama iolencia doméstica y de género.
Al ser en esencia una ley modificativa de otras lo que hizo fue introducir diversos cambios en las dos normas jurídicas citadas, aspecto que la distingue de la Ley de Protección de Testigos y Peritos que sí posee normativa propia.
Dado que son los aspectos procesales más sobresalientes contenidos en ella desde la óptica policial  lo que nos interesa, vamos a ceñirnos a ver las novedades que introdujo en la LECrim.

-Con una intencionalidad claramente protectora se introduce un último párrafo en el art. 109, en el sentido de que en los procesos que se sigan por delitos comprendidos en el artículo 57 del Código Penal el Juez asegurará la comunicación a la víctima los actos procesales que puedan afectar a su seguridad. Los delitos recogidos en el art. 57 de CP son homicidio, aborto, lesiones, contra la libertad, de torturas y contra la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico. Esto va especialmente orientado a toda puesta en libertad del detenido o la del preso ingresado en prisión preventiva.
INSIGNIA DE ABOGADOS

-Quizá la novedad de mayor calado radique en la creación del art. 544 bis, por el cual se implantó la orden de alejamiento, instrumento muy empleado desde entonces en aras de la seguridad de las víctimas, no sólo a las de violencia doméstica y de género. En él se dispone que en los casos en los que se investigue un delito de los mencionados en el artículo 57 del Código Penal, el Juez o Tribunal podrá, de forma motivada y cuando resulte estrictamente necesario al fin de protección de la víctima, imponer cautelarmente al inculpado la prohibición de residir en un determinado lugar, barrio, municipio, provincia u otra entidad local, o Comunicad Autónoma. En las mismas condiciones podrá imponerle cautelarmente la prohibición de
acudir a determinados lugares, barrios, municipios, provincias u otras entidades locales o Comunidades Autónomas o de aproximarse o comunicarse, con la graduación que sea precisa, a determinadas personas.

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