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28.10.11

LEY DE PROTECCION DE TESTIGOS Y PERITOS

En España, la Ley de Protección de Testigos y Peritos en Causas Criminales es la Ley 19/1994, y en ella se
INSIGNIA ABOGADOS DE MADRID
contemplan un conjunto de disposiciones aplicables en función del grado de riesgo que padezca el sujeto a proteger. Pese a no mencionar en el título la palabra víctimas, se entiende que la ley también resulta factible para ellas, puesto que en el procedimiento penal declaran en calidad de testigos. En su activación es competente
sólo el juez instructor, pudiendo realizarlo de oficio o a instancias de los investigadores policiales o de cualquiera de las partes personadas, siempre con un escrito motivado.

-Requisitos:

Para adquirir la condición de testigo o perito protegido es necesario que se cumplan tres exigencias derivadas de la ley que estamos analizando:

-Intervenir en el proceso penal en calidad de testigo o perito, como así lo señala el art. 1.1.

-El art. 1.2 deja patente que ha de darse la existencia racional de un peligro grave hacia su persona, libertad o bienes, o hacia su cónyuge o persona ligada por análoga relación de afectividad o sus ascendientes, descendientes o hermanos.

-Resolución fundada del juez instructor acordando la situación de testigo protegido.

-Disposiciones aplicables

Como poco antes se ha comentado, son varias las prevenciones que cabe adoptar para la seguridad de la persona protegida. Dependiendo del nivel de riesgo y otros factores se tomarán las que resulten más adecuadas, sin perjuicio de cambiar, añadir o deponer aquellas que se juzgue preciso. De cualquier modo, las posibilidades que ofrece la ley son las siguientes:

En el art. 2.a se garantiza el total anonimato en la fase de instrucción al afirmar Que no consten en las diligencias que se practiquen su nombre, apellidos, domicilio, lugar de trabajo y profesión, ni cualquier otro dato que pudiera servir para la identificación de los mismos, pudiéndose utilizar para ésta un número o cualquier otra clave. Cuestión que a renglón seguido se refuerza con lo expuesto en el 2.b y 2.c, en el sentido
de que el testigo o perito podrá comparecer en la práctica de cualquier diligencia utilizando cualquier procedimiento que imposibilite su identificación visual normal, y que se fije como domicilio a efectos de
citaciones y notificaciones, la sede del órgano judicial interviniente, el cual las hará llegar reservadamente a su destinatario. El anonimato podrá extenderse a la vista oral, según deja constancia el art. 4.1, pero si
alguna de las partes solicita motivadamente la identidad y el Tribunal juzgador lo estima procedente, señala el art. 4.3, dicha identidad se hará pública. No obstante, el protegido pasará a declarar como testigo oculto,
es decir, fuera del alcance visual de las partes.

-El art. 3.1 insta al juez, al fiscal y a la propia policía a impedir que a los testigos o peritos se les hagan fotografías o se tome su imagen por cualquier otro procedimiento, debiéndose proceder a retirar el material
fotográfico, cinematográfico, videográfico o de cualquier otro tipo a quien contraviniere esta prohibición. Destaca en esto la facultad otorgada para retirar de forma inmediata el material filmado, el cual
señala el párrafo siguiente del artículo que podrá ser devuelto a su propietario siempre y cuando no haya vestigios de tomas en las que aparezcan los testigos o peritos de forma tal que pudieran ser
identificados.

-La posibilidad de escolta policial la recoge el art. 3.2 diciendo que A instancia del Ministerio Fiscal y para todo el proceso, o si, una vez finalizado éste, se mantuviera la circunstancia de peligro grave prevista en el artículo 1.2 de esta Ley, se brindará a los testigos y peritos, en su caso, protección policial.

-También el art. 3.2 posibilita, en casos excepcionales, el facilitarles documentos de una nueva identidad y medios económicos para cambiar su residencia o lugar de trabajo.

-Siguiendo con el art. 3.2, se recoge en él que las conducciones a las dependencias judiciales o policiales, o a cualquier otro sitio donde deba participar en una diligencia, habrán de ser hechas en vehículos oficiales.
Lo mismo se efectuará con el traslado de vuelta a su domicilio o lugar de origen.

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