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23.10.11

CIRCULACION Y ENTREGA VIGILADA

CIRCULACION Y ENTREGA VIGILADA

Esta actividad investigativa, que desde muchos años atrás ya se venía haciendo por la policía, fue elevada en Diciembre de 1992 a la categoría de herramienta procesal con su introducción en la LECrim., pero su encaje en ella mediante el art. 263 bis se hizo restringiendo su uso exclusivamente al ámbito de las investigaciones por tráfico de estupefacientes. Seis años después, la misma ley que dio pie al agente encubierto, la Ley 5/1999 de 13 de Enero, modifica la redacción de ese artículo extendiendo su aplicación a otras modalidades de criminalidad organizada.

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Como recurso táctico de investigación criminal la circulación y entrega vigilada no es nueva, toda vez que desde siempre ha sido una práctica común en todos los cuerpos. Con la Ley 5/1999, y su antecesora de Diciembre de 1992, se consiguió darle una regulación legal que antes no tenía, mejorando así la seguridad jurídica de los investigadores que decidían emplearla, pues podrían incurrir en alguna clase de responsabilidad al no intervenir de forma inmediata la mercancía ilícita detectada, sobre todo si la operación fracasaba y la remesa no se incautaba. Esto significa que en una investigación no judicializada se puede dejar circular una mercancía bajo control policial hasta su entrega definitiva, pues dicho control no afecta a ningún derecho fundamental. El problema radica en la ya mencionada inseguridad jurídica de los agentes.

Todo lo anterior genera el que esta actuación investigativa posea una dimensión operativa y otra de carácter procesal. La primera entronca con las técnicas de vigilancias y seguimientos, por lo que ahora nos ceñiremos únicamente a la segunda.

La definición de circulación y entrega vigilada la establece el art. 263 bis.2, diciendo que consiste en permitir que remesas ilícitas o sospechosas circulen por territorio español o salgan o entren en él sin interferencia obstativa de la autoridad o sus agentes y bajo su vigilancia, con el fin de descubrir o identificar a las personas involucradas en la comisión de algún delito relativo a tales remesas.

Quienes están capacitados para poner en marcha la medida aparecen reflejados en el 263 bis.1, donde se afirma que El Juez de Instrucción competente y el Ministerio Fiscal, así como los Jefes de las Unidades Orgánicas de Policía Judicial, centrales o de ámbito provincial, y sus mandos superiores podrán autorizar la circulación o entrega vigilada, añadiendo poco después que deberá acordarse por resolución fundada y teniendo en cuenta los fines de investigación en relación con la importancia del delito y con las posibilidades de vigilancia. Los supuestos en los que sean los citados Jefes de las Unidades orgánicas de policía judicial quienes la activen, estarán obligados a dar cuenta inmediata al fiscal, y al juez si hubiese ya un proceso abierto. Conviene aclarar, no obstante, que si ya existe un procedimiento penal incoado debiera ser, por lógica, siempre el juez instructor quien la adopte.

Los materiales y sustancias sobre los cuales se puede aplicar la medida vienen fijados en el segundo párrafo del 263 bis.1 y se refieren todos aquellos relacionados con el tráfico de estupefacientes en general y de sus precursores, falsificación de moneda, tráfico de armas y municiones, tráfico de especies de flora y fauna amenazada, etc. Destaca, asimismo, la posibilidad de emplearla sobre los bienes y ganancias en el blanqueo de capitales producto de estas actividades delictivas, y otras graves como la prostitución de menores o el tráfico de órganos humanos.

La ley no limita el uso de la medida a ningún medio de transporte de la remesa en particular, siendo perfectamente legítimo emplearla en todo tipo de sistemas para traslados de mercancías. Ahora bien, cuando se trate de envíos postales será necesario un mandamiento del juez para la interceptación y su presencia en la apertura, salvo en los llamados de etiqueta verde y demás expediciones no consideradas correspondencia.

Uno de los mayores riesgos en una operación de circulación y entrega vigilada, quizá precisamente el mayor de todos, sea el perder el control de la valiosa mercancía y no poderla recuperar. Una técnica policial dirigida a impedir esto consiste en sustituirla durante el traslado por otra inocua o sin valor cuya desaparición importe menos, eso sí, siempre y cuando la suplantación sea operativamente viable. Aún así, tal pérdida nunca podrá ser indiferente, pues una vez llegada a su destino se descubrirá el cambio y muy probablemente lo mismo pasará con la investigación criminal.

Tratándose de envíos postales el 263 bis.4 permite que en la apertura para la sustitución del material o sustancia no sea obligatoria la presencia del interesado, dado que lo contrario haría ineficaz la medida procesal.

Sobre las diligencias que esta actuación genera en el atestado destacan la diligencia de consideraciones, escrito y diligencia de solicitud de circulación o entrega vigilada, diligencia de comunicación inmediata de adopción de la medida y diligencia de práctica de la medida.

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