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31.10.11

DILIGENCIAS POLICIALES PROTECCION VICTIMAS

Diligenciamiento en el atestado 

Entre las diligencias a plasmar en el atestado resaltan las siguientes:
PLACA POLICIA LOCAL GENÉRICA ESPAÑOLA

-Diligencia de solicitud de aplicación de la Ley 19/1994 de Protección a Testigos y Peritos en Causas Criminales: A tenor del riesgo que se observa va a recaer sobre una persona que ha declarado en el atestado, el instructor policial puede solicitar al juez el amparo para ella de la Ley 19/1994, utilizando con dicho propósito esta diligencia.

-Solicitud de la orden de protección: Se trata de un impreso diseñado por la Comisión de Seguimiento de la Implantación de la Orden de Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica, el cual se cumplimentará en el lugar donde la víctima acuda a realizar la petición. Su inclusión en el atestado se hará como documento adjunto.

-Diligencia de declaración y denuncia: En la declaración de la víctima de un delito de violencia doméstica o de género se hará constar el aviso a los servicios sociales, a los de asistencia jurídica y la personación de los
profesionales de ambos. Igualmente, se especificará la respuesta a la  pregunta de si desea solicitar la orden de protección. En las declaraciones de otras clases de víctimas se podrá incluir en sus manifestaciones la petición de una orden de alejamiento.

-Diligencia de información: Empleada para los casos de violencia doméstica y de género, es una diligencia donde se detallarán tres especiales cuestiones relacionadas con el agresor, relativas a la existencia o no de antecedentes o episodios de maltratos anteriores, la concurrencia o no de posibles circunstancias atenuantes y la posesión o no de armas u otros instrumentos considerados peligrosos.

-Diligencia de ofrecimiento de acciones: Se utiliza también para las denuncias y atestados de violencia doméstica y de género, siendo su finalidad la de comunicar a la persona denunciante las acciones que como víctima de un delito de esta naturaleza tiene.

30.10.11

LEY PROTECCION VICTIMAS VIOLENCIA DOMESTICA

INSIGNIA DE ABOGADO
Ley 27/2003, Reguladora de la Orden de Protección a Víctimas de Violencia Doméstica: Se trata de otra ley modificadora, circunscrita ahora sólo a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, diseñada a fin de forjar con ella una nueva herramienta procesal bajo el nombre de orden de protección y con la que incluso se llega a invadir provisionalmente la esfera de la jurisdicción civil. Leyes modificativas ulteriores han retocado o añadido algunos aspectos nuevos hasta ajustar la herramienta al estado en el
que actualmente se encuentra. Todo el articulado de la Ley 27/2003 y el de los ajustes de las subsiguientes se halla introducido en la LECrim. y, en consecuencia, para un
mejor entendimiento vamos a utilizar como referencia los artículos de esta y no los de ninguna ley modificadora.
Básicamente, la Ley 27/2003 pivota integramente sobre la incorporación en la LECrim. del art. 544 ter, pilar de la creación de la orden de protección. Sobre él destaca
lo siguiente:
-Corresponde únicamente al juez instructor autorizar la medida procesal, estableciéndose que El Juez de Instrucción dictará orden de protección para las víctimas de violencia doméstica en los casos en que, existiendo indicios fundados de la comisión de un delito o falta contra la vida, integridad física o moral, libertad sexual, libertad o seguridad de alguna de las personas
mencionadas en el artículo 173.2 del Código Penal, resulte una situación objetiva de riesgo para la víctima que requiera la adopción de alguna de las medidas de protección reguladas en este artículo. Las personas referidas en el art. 173.2 del CP son, en relación al autor del delito: su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados.

-El juez puede acordar la medida de oficio o a petición de la propia víctima, de un familiar de los señalados en el art. 173.2 del CP o del fiscal.

-Con el propósito de facilitar la solicitud de una orden de protección, el 544 ter.3 permite hacer la petición indistintamente ante el juez, el fiscal, la policía, la oficina de atención a la víctima y los servicios sociales de
cualquier institución pública de la Administración.

-Recibida la solicitud y en un plazo máximo de 72 horas, el juez celebrará una audiencia a la que asistirán, entre otros y por separado, la víctima y el agresor. Finalizada aquella resolverá su decisión mediante auto.

-El juez podrá adoptar, además de las medidas cautelares de orden procesal penal, otras de carácter civil. En el caso de estas últimas, deberán ser pedidas por la víctima, su representante legal o el fiscal, y tendrán una duración máxima de treinta días. Entre las medidas civiles posibles de aplicar se halla
el uso y disfrute de la vivienda familiar, el régimen de visitas de hijos menores y el régimen de prestación de alimentos.

-La víctima con una orden de protección a su favor tendrá que ser informada permanentemente de la situación procesal del agresor, en especial de su situación penitenciaria.

-Todas las órdenes de protección serán inscritas en un Registro Central para Protección de Víctimas de Violencia Doméstica y de Género.

A raíz de ser publicada la Ley 27/2003 se han ido poniendo en marcha por diversas entidades públicas múltiples protocolos de actuación, con los que coordinar las acciones de los diferentes organismos sanitarios, judiciales, policiales, de asistencia social, etc., que intervienen en la orden de protección.

29.10.11

LEY PROTECCION VICTIMAS MALOS TRATOS

La Ley 14/1999, de fecha 9 de Junio, de Modificación del Código Penal de 1995, en Materia de Protección a las Víctimas de Malos Tratos, y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como su nombre indica, es una ley modificadora del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que, cuando se aprobó, tenía por
finalidad última buscar una mayor eficacia en la lucha contra lo que hoy se llama iolencia doméstica y de género.
Al ser en esencia una ley modificativa de otras lo que hizo fue introducir diversos cambios en las dos normas jurídicas citadas, aspecto que la distingue de la Ley de Protección de Testigos y Peritos que sí posee normativa propia.
Dado que son los aspectos procesales más sobresalientes contenidos en ella desde la óptica policial  lo que nos interesa, vamos a ceñirnos a ver las novedades que introdujo en la LECrim.

-Con una intencionalidad claramente protectora se introduce un último párrafo en el art. 109, en el sentido de que en los procesos que se sigan por delitos comprendidos en el artículo 57 del Código Penal el Juez asegurará la comunicación a la víctima los actos procesales que puedan afectar a su seguridad. Los delitos recogidos en el art. 57 de CP son homicidio, aborto, lesiones, contra la libertad, de torturas y contra la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico. Esto va especialmente orientado a toda puesta en libertad del detenido o la del preso ingresado en prisión preventiva.
INSIGNIA DE ABOGADOS

-Quizá la novedad de mayor calado radique en la creación del art. 544 bis, por el cual se implantó la orden de alejamiento, instrumento muy empleado desde entonces en aras de la seguridad de las víctimas, no sólo a las de violencia doméstica y de género. En él se dispone que en los casos en los que se investigue un delito de los mencionados en el artículo 57 del Código Penal, el Juez o Tribunal podrá, de forma motivada y cuando resulte estrictamente necesario al fin de protección de la víctima, imponer cautelarmente al inculpado la prohibición de residir en un determinado lugar, barrio, municipio, provincia u otra entidad local, o Comunicad Autónoma. En las mismas condiciones podrá imponerle cautelarmente la prohibición de
acudir a determinados lugares, barrios, municipios, provincias u otras entidades locales o Comunidades Autónomas o de aproximarse o comunicarse, con la graduación que sea precisa, a determinadas personas.

28.10.11

LEY DE PROTECCION DE TESTIGOS Y PERITOS

En España, la Ley de Protección de Testigos y Peritos en Causas Criminales es la Ley 19/1994, y en ella se
INSIGNIA ABOGADOS DE MADRID
contemplan un conjunto de disposiciones aplicables en función del grado de riesgo que padezca el sujeto a proteger. Pese a no mencionar en el título la palabra víctimas, se entiende que la ley también resulta factible para ellas, puesto que en el procedimiento penal declaran en calidad de testigos. En su activación es competente
sólo el juez instructor, pudiendo realizarlo de oficio o a instancias de los investigadores policiales o de cualquiera de las partes personadas, siempre con un escrito motivado.

-Requisitos:

Para adquirir la condición de testigo o perito protegido es necesario que se cumplan tres exigencias derivadas de la ley que estamos analizando:

-Intervenir en el proceso penal en calidad de testigo o perito, como así lo señala el art. 1.1.

-El art. 1.2 deja patente que ha de darse la existencia racional de un peligro grave hacia su persona, libertad o bienes, o hacia su cónyuge o persona ligada por análoga relación de afectividad o sus ascendientes, descendientes o hermanos.

-Resolución fundada del juez instructor acordando la situación de testigo protegido.

-Disposiciones aplicables

Como poco antes se ha comentado, son varias las prevenciones que cabe adoptar para la seguridad de la persona protegida. Dependiendo del nivel de riesgo y otros factores se tomarán las que resulten más adecuadas, sin perjuicio de cambiar, añadir o deponer aquellas que se juzgue preciso. De cualquier modo, las posibilidades que ofrece la ley son las siguientes:

En el art. 2.a se garantiza el total anonimato en la fase de instrucción al afirmar Que no consten en las diligencias que se practiquen su nombre, apellidos, domicilio, lugar de trabajo y profesión, ni cualquier otro dato que pudiera servir para la identificación de los mismos, pudiéndose utilizar para ésta un número o cualquier otra clave. Cuestión que a renglón seguido se refuerza con lo expuesto en el 2.b y 2.c, en el sentido
de que el testigo o perito podrá comparecer en la práctica de cualquier diligencia utilizando cualquier procedimiento que imposibilite su identificación visual normal, y que se fije como domicilio a efectos de
citaciones y notificaciones, la sede del órgano judicial interviniente, el cual las hará llegar reservadamente a su destinatario. El anonimato podrá extenderse a la vista oral, según deja constancia el art. 4.1, pero si
alguna de las partes solicita motivadamente la identidad y el Tribunal juzgador lo estima procedente, señala el art. 4.3, dicha identidad se hará pública. No obstante, el protegido pasará a declarar como testigo oculto,
es decir, fuera del alcance visual de las partes.

-El art. 3.1 insta al juez, al fiscal y a la propia policía a impedir que a los testigos o peritos se les hagan fotografías o se tome su imagen por cualquier otro procedimiento, debiéndose proceder a retirar el material
fotográfico, cinematográfico, videográfico o de cualquier otro tipo a quien contraviniere esta prohibición. Destaca en esto la facultad otorgada para retirar de forma inmediata el material filmado, el cual
señala el párrafo siguiente del artículo que podrá ser devuelto a su propietario siempre y cuando no haya vestigios de tomas en las que aparezcan los testigos o peritos de forma tal que pudieran ser
identificados.

-La posibilidad de escolta policial la recoge el art. 3.2 diciendo que A instancia del Ministerio Fiscal y para todo el proceso, o si, una vez finalizado éste, se mantuviera la circunstancia de peligro grave prevista en el artículo 1.2 de esta Ley, se brindará a los testigos y peritos, en su caso, protección policial.

-También el art. 3.2 posibilita, en casos excepcionales, el facilitarles documentos de una nueva identidad y medios económicos para cambiar su residencia o lugar de trabajo.

-Siguiendo con el art. 3.2, se recoge en él que las conducciones a las dependencias judiciales o policiales, o a cualquier otro sitio donde deba participar en una diligencia, habrán de ser hechas en vehículos oficiales.
Lo mismo se efectuará con el traslado de vuelta a su domicilio o lugar de origen.

27.10.11

RECONOCIMIENTO A LA SEGURIDAD PRIVADA

Hoy en el blog, nos hacemos eco de una carta publicada en la guía de consulta de insignias OFICIALES (www.insigniasoficiales.es), en la que la Asociación de Seguridad Privada ASP/92, reconoce la gran labor que han realizado durante todos estos años, los escoltas y los vigilantes de seguridad ante la amenaza de la banda terrorista ETA.
Desde insignias on line, nos sumamos a esta felicitación y la hacemos extensiva a los miembros de los Cuerpos y fuerzas de Seguridad, a la vez que nos solidarizamos con las asociaciones de víctimas del terrorismo.
Os dejamos el enlace a la carta, firmada por el Presidente y el Vicepresidente de la Asociación: "RECONOCIMIENTO A LA SEGURIDAD PRIVADA"

26.10.11

GORRAS BORDADAS!

En el artículo de hoy vamos a hablar de las gorras bordadas.
Las gorras bordadas que se acostumbran a ver en España son del estilo de las gorras de béisbol americanas.
El uso de este  tipo de gorras se remontan al año 1900, cuando se puso de moda utilizar gorras de visera estilo Brooklyn.
Durante la década de 1940, el caucho se convirtió en el material preferido para confeccionar el interior de las gorras y así nació la gorra de béisbol moderna.

www.insigniaonline
Hoy en día este tipo de gorra es utilizado por la policía, los bomberos, protección civil y los servicios de emergencias médicas, entre otros colectivos profesionales.
En la imagen inferior podemos ver varios modelos de gorras americanas bordadas en alta calidad. Estas gorras son importadas de los Estados Unidos y distribuidas en España por la firma INSIGNIA ONLINE (www.insigniaonline.es). Estos modelos pueden adquirirse directamente solicitandolas a traves del siguiente correo eletrónico: insigniaonline@insigniaonline.es.
Más información  e imagenes en los siguientes enlaces externos:
 
http://insigniass.blogspot.com/2011/10/gorras-americanas.html http://insigniass.blogspot.com/2010/05/gorra-de-policia-para-autodefensa.html

24.10.11

PROTECCION DE VICTIMAS, TESTIGOS Y PERITOS


PROTECCION DE VICTIMAS, TESTIGOS Y PERITOS


Hasta el final del año 1994 no existía ninguna herramienta procesal en el ordenamiento jurídico destinada a dar seguridad a las personas cuya integridad física se ponía en peligro por participar en un proceso penal. Prácticamente, todo quedaba en manos de la policía y tan sólo de vez en cuando algún juez instructor, por iniciativa propia, tomaba alguna decisión, por lo general de limitado alcance, al respecto La primera medida procesal creada en tal sentido fue la Ley 19/1994, de 23 de Diciembre, de Protección a Testigos y Peritos en Causas Criminales, norma jurídica con la que se podía llegar a satisfacer un alto grado de seguridad en esas personas. Cinco años más tarde aparece la Ley 14/1999, de fecha 9 de Junio, de Modificación del Código Penal de 1995, en Materia de Protección a las Víctimas de malos Tratos, y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dirigida a combatir la criminalidad en el ámbito familiar que ya empezaba a preocupar por entonces, pero que traía consigo la instauración de la orden de alejamiento y que era aplicable no sólo a este tipo de delincuencia. Transcurridos cuatro años más ve la luz otra interesante disposición legal, la Ley 27/2003, de 31 de Julio, Reguladora de la Orden de Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica, norma encuadrada en la lucha contra la persistente violencia doméstica y de género, que sirvió para crear una nueva herramienta con la que seguir combatiéndola llamada orden de protección, la cual ha venido perfilándose con leyes posteriores hasta su configuración actual. Es en el marco de toda esta legislación donde procesalmente se desenvuelve hoy en día la protección de víctimas, testigos y peritos.

Placa de Seguridad Privada. Disponible en www.insigniaonline.es

Hay otra norma legal de apoyo a las víctimas, denominada Ley 35/1995, de fecha 11 de Diciembre, de Ayuda y Asistencia a Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual, pero va encaminada a la percepción de ayudas, especialmente las económicas, y no a proporcionar una seguridad física, por lo que no merece la pena que la veamos. A pesar de esto resulta conveniente decir una cosa que sí afecta a los cuerpos policiales, y es que en su art. 15.2 se refleja el derecho de la víctima a ser informada por la policía sobre el curso de sus investigaciones, salvo que con ello se ponga en peligro su resultado.

Por otro lado, la protección de víctimas, testigos y peritos tiene una clara proyección operativa, además de la procesal, incardinada en las escoltas policiales a personas bajo amenaza o en situación de riesgo. Las técnicas operativas de protección ya fueron expuestas a lo largo del capítulo 12, por lo que ahora nos ocuparemos en exclusiva de la vertiente procesal, no sin antes decir que en ese capítulo ya se enunciaron en forma de anticipo las medidas que veremos en el próximo artículo que publicaremos en el blog.

23.10.11

CIRCULACION Y ENTREGA VIGILADA

CIRCULACION Y ENTREGA VIGILADA

Esta actividad investigativa, que desde muchos años atrás ya se venía haciendo por la policía, fue elevada en Diciembre de 1992 a la categoría de herramienta procesal con su introducción en la LECrim., pero su encaje en ella mediante el art. 263 bis se hizo restringiendo su uso exclusivamente al ámbito de las investigaciones por tráfico de estupefacientes. Seis años después, la misma ley que dio pie al agente encubierto, la Ley 5/1999 de 13 de Enero, modifica la redacción de ese artículo extendiendo su aplicación a otras modalidades de criminalidad organizada.

MAS IMAGENES EN ESTE ENLACE
Como recurso táctico de investigación criminal la circulación y entrega vigilada no es nueva, toda vez que desde siempre ha sido una práctica común en todos los cuerpos. Con la Ley 5/1999, y su antecesora de Diciembre de 1992, se consiguió darle una regulación legal que antes no tenía, mejorando así la seguridad jurídica de los investigadores que decidían emplearla, pues podrían incurrir en alguna clase de responsabilidad al no intervenir de forma inmediata la mercancía ilícita detectada, sobre todo si la operación fracasaba y la remesa no se incautaba. Esto significa que en una investigación no judicializada se puede dejar circular una mercancía bajo control policial hasta su entrega definitiva, pues dicho control no afecta a ningún derecho fundamental. El problema radica en la ya mencionada inseguridad jurídica de los agentes.

Todo lo anterior genera el que esta actuación investigativa posea una dimensión operativa y otra de carácter procesal. La primera entronca con las técnicas de vigilancias y seguimientos, por lo que ahora nos ceñiremos únicamente a la segunda.

La definición de circulación y entrega vigilada la establece el art. 263 bis.2, diciendo que consiste en permitir que remesas ilícitas o sospechosas circulen por territorio español o salgan o entren en él sin interferencia obstativa de la autoridad o sus agentes y bajo su vigilancia, con el fin de descubrir o identificar a las personas involucradas en la comisión de algún delito relativo a tales remesas.

Quienes están capacitados para poner en marcha la medida aparecen reflejados en el 263 bis.1, donde se afirma que El Juez de Instrucción competente y el Ministerio Fiscal, así como los Jefes de las Unidades Orgánicas de Policía Judicial, centrales o de ámbito provincial, y sus mandos superiores podrán autorizar la circulación o entrega vigilada, añadiendo poco después que deberá acordarse por resolución fundada y teniendo en cuenta los fines de investigación en relación con la importancia del delito y con las posibilidades de vigilancia. Los supuestos en los que sean los citados Jefes de las Unidades orgánicas de policía judicial quienes la activen, estarán obligados a dar cuenta inmediata al fiscal, y al juez si hubiese ya un proceso abierto. Conviene aclarar, no obstante, que si ya existe un procedimiento penal incoado debiera ser, por lógica, siempre el juez instructor quien la adopte.

Los materiales y sustancias sobre los cuales se puede aplicar la medida vienen fijados en el segundo párrafo del 263 bis.1 y se refieren todos aquellos relacionados con el tráfico de estupefacientes en general y de sus precursores, falsificación de moneda, tráfico de armas y municiones, tráfico de especies de flora y fauna amenazada, etc. Destaca, asimismo, la posibilidad de emplearla sobre los bienes y ganancias en el blanqueo de capitales producto de estas actividades delictivas, y otras graves como la prostitución de menores o el tráfico de órganos humanos.

La ley no limita el uso de la medida a ningún medio de transporte de la remesa en particular, siendo perfectamente legítimo emplearla en todo tipo de sistemas para traslados de mercancías. Ahora bien, cuando se trate de envíos postales será necesario un mandamiento del juez para la interceptación y su presencia en la apertura, salvo en los llamados de etiqueta verde y demás expediciones no consideradas correspondencia.

Uno de los mayores riesgos en una operación de circulación y entrega vigilada, quizá precisamente el mayor de todos, sea el perder el control de la valiosa mercancía y no poderla recuperar. Una técnica policial dirigida a impedir esto consiste en sustituirla durante el traslado por otra inocua o sin valor cuya desaparición importe menos, eso sí, siempre y cuando la suplantación sea operativamente viable. Aún así, tal pérdida nunca podrá ser indiferente, pues una vez llegada a su destino se descubrirá el cambio y muy probablemente lo mismo pasará con la investigación criminal.

Tratándose de envíos postales el 263 bis.4 permite que en la apertura para la sustitución del material o sustancia no sea obligatoria la presencia del interesado, dado que lo contrario haría ineficaz la medida procesal.

Sobre las diligencias que esta actuación genera en el atestado destacan la diligencia de consideraciones, escrito y diligencia de solicitud de circulación o entrega vigilada, diligencia de comunicación inmediata de adopción de la medida y diligencia de práctica de la medida.

22.10.11

POLICIA INFILTRADO O AGENTE ENCUBIERTO


POLICIA  INFILTRADO – AGENTE ENCUBIERTO

En determinadas investigaciones puede ser necesaria la infiltración de un policía investigador en redes criminales, obviamente sin que los delincuentes sepan su condición de agente policial, con el fin de obtener desde dentro información de la actividad delictiva e indicios probatorios sobre ella que sirvan para desarticular la trama criminal. Infiltraciones así las ha habido siempre en el quehacer de la institución policial, pero en nuestro ordenamiento jurídico no estaban contempladas para nada y se entendían como actuaciones de índole estrictamente operativa. Sin embargo, desde principios del año 1999 esto ha cambiado de un modo sustancial y esta herramienta investigativa tiene una vertiente operativa y otra procesal, aunque en este libro tan sólo vamos a ocuparnos de esta última.

PLACA DE POLICIA JUDICIAL
Procesalmente se puso en marcha con la aprobación de la Ley 5/1999, de 13 de Enero, por la cual se introducía en la LECrim. la figura del agente encubierto. En efecto, el art. 282 bis.1 de la LECrim. establece que cuando se trate de investigaciones que afecten a actividades propias de la delincuencia organizada, el Juez de Instrucción competente o el Ministerio Fiscal dando cuenta inmediata al Juez, podrán autorizar a funcionarios de la Policía Judicial, mediante resolución fundada y teniendo en cuenta su necesidad a los fines de la investigación, a actuar bajo identidad supuesta y a adquirir y transportar los objetos, efectos e instrumentos del delito y diferir la incautación de los mismos. La identidad supuesta será otorgada por el Ministerio del Interior por el plazo de seis meses prorrogables por períodos de igual duración, quedando legítimamente habilitados para actuar en todo lo relacionado con la investigación concreta y a participar en el tráfico jurídico y social bajo tal identidad.

Desgranando lo mencionado en el 282 bis.1, se aprecian una serie de cuestiones que modelan esta actuación de investigación procesal y vemos a continuación.


-Actividad de delincuencia organizada

La ley restringe el uso del agente encubierto a las investigaciones llevadas a cabo sobre la criminalidad organizada, definiéndola en el 282 bis.4, a los efectos de aplicación de la medida, como la asociación de tres o más personas para realizar, de forma permanente o reiterada, conductas que tengan como fin cometer alguno o algunos delitos que enumera en un listado de quince puntos citando diversos artículos del Código Penal, y entre los que están el secuestro de personas, prostitución, robo, estafa, tráfico de inmigrantes, tráfico de sustancias estupefacientes, falsificación de moneda, tráfico de armas, terrorismo, contrabando, etc. Esto no quiere decir que al margen de lo legalmente considerado delincuencia organizada y de los enumerados supuestos de su actividad, la policía tenga prohibido introducir a uno de sus miembros en círculos criminales haciéndose pasar por delincuente. Lo que ocurre, caso de hacerlo así, es que la actuación será tan sólo operativa y no existirán las coberturas jurídicas de esta herramienta procesal.

-Necesidad de autorización judicial

 Para activar este instrumento procesal resulta imprescindible la autorización del juez instructor, quien tendrá que  hacerlo mediante un auto motivado. Si bien el fiscal está capacitado para ponerlo inicialmente en funcionamiento, su decisión tendrá que ser ratificada después por el juez. La policía puede solicitarlo, lo mismo que solicita una orden de registro domiciliario o una intervención telefónica, a través de un escrito debidamente fundamentado dirigido al juez o, en su caso, al fiscal. La necesidad de autorización judicial, al igual que pasa con la condición de actividad de delincuencia organizada, tampoco significa que a la policía le esté vedada la infiltración de un agente encubierto en una banda criminal, pero si lo hace la situación de tal agente será demasiado comprometida en todos los sentidos y, en consecuencia, los resultados finalmente obtenidos escasos.


-Identidad supuesta

 Se trata de una falsa identidad que corresponde al Ministerio del Interior otorgar. Según lo establecido en el 282 bis.2, la identidad supuesta podrá mantenerse incluso cuando el agente testifique en las sucesivas fases del proceso penal abierto.


-Adquirir y transportar los objetos, efectos e instrumentos del delito

 Esto, unido a la posibilidad de diferir la incautación de los mismos, faculta al infiltrado a realizar determinadas acciones que fuera de la medida procesal constituirían un ilícito penal para cualquiera que las hiciere. Sin embargo, existen ciertos límites en ellas, como así lo manifiesta el 282.bis.3 diciendo que Cuando las actuaciones de investigación puedan afectar a los derechos fundamentales, el agente encubierto deberá solicitar del órgano judicial competente las autorizaciones que, al respecto, establezca la Constitución y la Ley, así como cumplir las demás previsiones legales aplicables. A lo que cabe añadir lo expresado en el 282 bis.5 de que El agente encubierto estará exento de responsabilidad criminal por aquellas actuaciones que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación, siempre que guarden la debida proporcionalidad con la finalidad de la misma y no constituyan una provocación al delito.

Aparte de la serie de cuestiones mencionadas, otros aspectos destacables sobre la regulación legal de la figura de agente encubierto recogidos también en el 282 bis son:

-Obligación de información periódica al juez

 El párrafo cuarto del 282 bis.1 especifica que La información que vaya obteniendo el agente encubierto deberá ser puesta a la mayor brevedad posible en conocimiento de quien autorizó la investigación. Nada dice de que deba hacerlo el propio agente, por lo que se puede delegar en otro investigador policial la transmisión regular al juez de las informaciones conseguidas.

-Voluntariedad del agente elegido

Debido al potencial peligro que entraña siempre toda infiltración policial en una organización criminal, en el segundo párrafo del 282 bis.2 se deja contundentemente claro que Ningún funcionario de la policía judicial podrá ser obligado a actuar como agente encubierto.

-Acogimiento a los beneficios de la Ley 19/1994

 Según señala el 282 bis.2 el agente encubierto puede acogerse a la Ley 19/1994, 23 de Diciembre, de Protección de Testigos y Peritos en Causas Criminales. Las características y beneficios de esta norma jurídica las veremos un poco más adelante.

-Exclusión del agente provocador

 No hay que confundir nunca al agente encubierto con un agente provocador, pues este último no tiene cabida alguna en el ordenamiento jurídico español y, además, su acción se halla expresamente prohibida a tenor de lo dictado al final del 282 bis.5. Cierto es que, para un policía infiltrado, no siempre resulta fácil discernir esto en una organización criminal con actividades delictivas continuadas y cuya comisión es de tracto largo, como podría ser el tráfico de estupefacientes, por lo que quizá le sirva de ayuda evitar en todo momento la incitación que caracteriza la provocación, y centrarse en la obtención de pruebas de los delitos ya cometidos o de aquellos que sospeche se están cometiendo.

Con respecto a las diligencias y documentos en el atestado que conlleva el uso de la figura del agente encubierto podemos resaltar las siguientes.

-Diligencia de consideraciones

 Es una diligencia al estilo de las ya explicadas para otras actuaciones procesales que ya hemos visto a lo largo de este libro.

-Escrito de solicitud de agente encubierto

 En él se pide al juez que aplique la medida procesal. El escrito se incorpora al atestado como documento adjunto.

-Diligencia de solicitud de agente encubierto

Ya sabemos que es una diligencia breve, pues la motivación se halla expuesta en el escrito de solicitud, utilizada más que nada para llevar un orden cronológico en el atestado.


-Diligencia de comunicación al juez

Se hará una por cada vez que se informe al juez de los datos obtenidos por el infiltrado, y en ella se explicarán las informaciones recogidas por este.

-Escrito de solicitud de actuaciones que afecten a derechos fundamentales

 Si el agente encubierto tuviera la necesidad de practicar algún acto que suponga una afectación de derechos fundamentales, será preciso, como ya se dijo anteriormente, el permiso previo del juez. En este escrito se fundamentará debidamente tal necesidad.