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9.9.11

INTERVENCION DE LAS TELECOMUNICACIONES

INTERVENCION DE LAS TELECOMUNICACIONES

INTRODUCCION

La LO 4/1988 de 25 de Mayo introdujo por vez primera el término “telefónico” en la LECrim, haciéndolo en el art. 579.2. Hasta entonces, para poder intervenir los teléfonos había que acogerse a la analogía con las comunicaciones por correspondencia postal y telegráfica que sí constaban expresamente en la LECrim.

La fuerte relación procesal existente entre la intervención y apertura de la correspondencia y la intervención de las telecomunicaciones, va ha propiciar la repetición de algunas cosas indicadas para la primera de estas dos herramientas procesales y que ya vimos en el capítulo anterior, así como la continuación de la misma estructura expositiva empleada hasta ahora. Los lazos de esta relación se deben, fundamentalmente, a que ambas se circunscriben al ámbito de las comunicaciones entre las personas, aunque hay que reconocer que también se originan, en parte, a la analogía antes citada y a la que hubo de acogerse, durante bastantes años, para resolver la cuestión de las intervenciones telefónicas. Pese a que la ley sólo habla de teléfonos, su interpretación legal abarca también a otros tipos de comunicaciones hechas por cable o por ondas radioeléctricas, de ahí que el título de este capítulo sea intervención de las telecomunicaciones, dándole así un sentido amplio, y no solo circunscrito a las intervenciones telefónicas.

Esta medida procesal, al igual que la referente a la correspondencia postal, exige una autorización judicial previa, salvo que medie consentimiento del titular del aparato de telecomunicación, algo que nunca sucede cuando dicha persona es cuanto menos un sospechoso, pero que sí suele ser frecuente si se trata de una víctima o incluso de un testigo. Igualmente, en casos de excepcional urgencia la medida puede ser aplicada por el Ministro del Interior y revocada o confirmada por el juez.

Con respecto al tiempo que puede estar intervenida una telecomunicación hay coincidencia con el de la intervención y apertura de correspondencia, esto es, plazos de tres meses prorrogables por idénticos periodos. No obstante, es muy habitual que en el auto el juez acuerde el plazo de un mes y que las prórrogas tengan también esa misma duración, debido a que las intervenciones van, casi siempre, acompañadas del secreto del sumario y este solo se puede adoptar y prorrogar por plazos de un mes de duración cada uno. Una intervención telefónica sobre el sujeto investigado o sus allegados, acordada sin la cobertura del secreto de sumario jamás dará frutos si el imputado y demás usuarios de la línea son informados por su abogado de tal circunstancia, pues todos ellos suspenderán de inmediato las comunicaciones por ese medio.

Por otra parte y del mismo modo que hemos hecho con la correspondencia, dejaremos igualmente aquí de lado la regulación de las intervenciones especiales por estados de excepción y sitio, las hechas con motivo de terrorismo y las pertenecientes a los ámbitos militar y penitenciario, a fin de centrarnos en lo que viene a ser más común.

Por último, vamos a finalizar esta introducción al capítulo diciendo que en él aparecerá varias veces la palabra cinta en referencia al soporte de las grabaciones, pese a que ya no se usen cintas para ello. Dado que esta expresión todavía se mantiene en el argot policial y jurídico, pero el lector ha de interpretarla como un término genérico para llamar así al soporte.



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